“Otra prueba de la inhumana y criminal persecución del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela. En tiempos de pandemia tratan de bloquear todas las vías para adquirir bienes para el pueblo con el petróleo de l@s venezolan@s. Sumaremos esta denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI)”, denunció este jueves el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza.
El alto diplomático adjuntó en el mensaje de su cuenta @jaarreaza, la información que circula en EE.UU., donde el Departamento de Estado y la Tesorería de ese país comenzaron a presionar a México para detener el trato comercial de Venezuela con dos empresas mexicanas para intercambiar petróleo por alimentos, debido a la ilegal persecución financiera que impulsa contra los venezolanos.
Mike Pompeo anunció la amenaza ante periodistas. Aunque no reveló el nombre de las empresas, se supo que presionaba para “castigar” a la firma “Libre Abordo”, con sede en México, y la empresa relacionada “Schlager Business Group”.
Libre Abordo dijo a Reuters, en una respuesta escrita el miércoles, que su pacto de petróleo por alimentos con Venezuela, firmado en 2019, había sido revisado y supervisado por expertos legales para asegurarse de que no violaba las “sanciones” de Estados Unidos.
“Podemos garantizar totalmente que el contrato de ayuda humanitaria firmado con PDVSA cumple con todos los requisitos para evitar cualquier posibilidad de sanción del Gobierno norteamericano”, dijo, según Reuters, y agregó que no involucraba “capital o recursos financieros” para el Gobierno venezolano.
