La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez aseveró este viernes que la política de sanciones que impulsa el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, constituye un crimen de lesa humanidad, motivo por el cual este viernes se dio inicio a la campaña: Las Sanciones son un Crimen.
Durante una rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, en Caracas; Rodríguez precisó que las acciones de la administración norteamericana esconden “un objetivo político, que es el cambio de gobierno en Venezuela”.
“Por primera vez se presenta un caso ante la CPI que prueba delitos de lesa humanidad; es una política ilícita contraria al Derecho Internacional, que pretende vulnerar y violentar nuestra jurisdicción”, enfatizó Rodríguez, en referencia a la demanda presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; el pasado mes de febrero.
En este sentido, detalló que el Gobierno Nacional documentó todas las acciones derivadas, confesiones directas de cómo ha estado afectando a la población venezolana la política injerencista de EEUU.
“Hay una causalidad directa entre la intencionalidad, que es el cambio de gobierno en Venezuela y las medidas que están utilizando para causar sufrimiento a toda la población civil venezolana”, subrayó la vicepresidente Ejecutiva.
Por esta razón, denunció que el gobierno de Estados Unidos adelanta una línea exterior que violenta el marco legal internacional, con la aplicación de medidas coercitivas y unilaterales contra nuestro país para provocar un colapso económico.
“Las medidas unilaterales han venido asfixiando la industria petrolera, restando operatividad financiera, logística, administrativa y afectando directamente los ingresos de Venezuela”, acotó.
Rodríguez explicó que las acciones que emprende el gobierno norteamericano contra Venezuela, ha afectado más del 90,5% del ingreso nacional, 176 entidades públicas venezolanas han sido sancionadas ilícitamente, 133 funcionarios fueron sancionados, 22 personas naturales recibieron sanciones por tener relación económica con Venezuela y 9 buques extranjeros también fueron sancionados por el transporte de crudo venezolano.
Asimismo, detalló, fueron sancionados 40 buques de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), 15 aeronaves de la estatal aérea Conviasa, 41 aeronaves de la estatal petrolera, 9 empresas venezolanas y 61 compañías extranjeras relacionadas con Venezuela.
Al respecto, recordó que desde el año 2014 hasta este 2020 hubo una escalada de agresivas sanciones estadounidenses contra Venezuela que afecta a la población civil venezolana.
En ese contexto, acotó que las medidas adoptadas por EEUU comprenden los elementos del crimen de lesa humanidad en los términos previstos en el Estatuto de Roma, ya que tales medidas afectan a la población civil y el gobierno de Donald Trump no descarta una intervención militar en Venezuela.
En el documento presentado por Venezuela, se citan diversos casos conocidos por la CPI donde la Fiscalía ratificó su competencia para investigar a nacionales de Estados que no son parte del Estatuto de Roma -EEUU no es Estado parte-.
Por tal razón, “la CPI sí tiene competencia para juzgar autoridades de los EEUU por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela”, sentenció.
T/AVN
