En el marco de la 43° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, y como parte de la agenda de defensa de los derechos humanos en Venezuela, se realizó este miércoles, el foro sobre la “Remisión de Venezuela a la Corte Penal Internacional sobre Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos”. El panel de expertos fue presentado por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
“Estamos con la frente en alto porque hemos contenido las consecuencias de las más de 300 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. En los últimos seis años, éstas han sido contenidas gracias al sistema de protección social de Venezuela. De no tener nosotros una Revolución con énfasis en la protección de los más vulnerables, los efectos de estas medidas hubieran sido cuatro o cinco veces peores”, estimó el Canciller.
Detalló que en días recientes, los voceros de la Casa Blanca anunciaron que irán tras las exportaciones petroleras venezolanas. “Van a perseguir buque por buque, van a impedir que se haga trasvase de petróleo mar adentro para que Venezuela no pueda obtener sus recursos, para que no podamos comprar comida, medicamentos, insumos para la producción, tratamientos para las enfermedades crónicas. Todo este daño cruel para forzar un cambio de régimen por la fuerza”.
Durante su intervención, Antonio Remiro Brotóns, miembro del Instituto de Derecho Internacional y de la Corte Permanente de Arbitraje, expuso que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado un proceso de blanqueo para las medidas coercitivas unilaterales, que se produce con la legitimación terminológica, ya que a las medidas coercitivas unilaterales no las llama por su nombre, sino por el de “sanciones”, cuando además un Estado no está facultado para sancionar a otro.
En este foro también participó Alfred de Zayas, quien fue experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, señaló que el artículo 95 de la Carta de Naciones Unidas le da la posibilidad a la Asamblea General de elevar una pregunta legal a la Corte Internacional de Justicia para una opinión consultiva sobre la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, y la responsabilidad civil-penal de aquellos Estados que las han impuesto.
Al respecto, el doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Carmelo Borrego, refirió que “no es jurídico hacerse cómplice del quebrantamiento jurídico internacional; por tanto, no hay manera de que los Estados miembros de la ONU puedan seguir a tono con las medidas coactivas impuestas por el Estado coaccionante (el gobierno de Estados Unidos) en perjuicio de otros miembros de la comunidad internacional”.
Por último, a través de la plataforma Skype, participó el académico canadiense especializado en derecho internacional penal y DDHH, William Schabas, quien explicó que en un futuro la jurisdicción de la Corte será cada vez más importante ante el fenómeno de ataque y crimen cibernético, cuando se habla de la agresión frontal de un Estado a otro como crimen de lesa humanidad, refiriéndose a los ataques cibernéticos sufridos por Venezuela en el año 2019 y que afectaron el suministro eléctrico a la población.
T/Cancillería
