La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, destacó que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela pone en riesgo la vida de 12 niños con cáncer en el país.
Durante la intervención que realizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, en Ginebra, la representante de la referida ONG reiteró su preocupación por los niños y niñas con leucemia que no han podido recibir sus trasplantes de médula ósea, ya que los bancos se niegan a hacer las transferencias necesarias para el pago de estos tratamientos por temor a ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“En las últimas semanas hemos documentado 12 nuevos casos de niños que necesitan sus trasplantes para poder vivir. Deyerson es uno de ellos, tiene apenas 16 años y padece Leucemia Linfoblastica Aguda. Los médicos dicen que tiene que recibir un trasplante de médula urgente. La vida de estos pacientes está en riesgo”, explicó Russián, rfiere una nota de la Cancillería.
Asimismo, durante su intervención Bachelet también mencionó que de los 39 casos presentados por Fundalatin sobre los niños y niñas con necesidad de trasplantes de médula ósea, “15 se encuentran en una situación crítica”.
Estos pacientes eran atendidos a través del programa de asistencia médica ejecutado por Pdvsa-Citgo, el cual garantizaba todos los recursos para el pago de lola s transplantes, exámenes especializados y dotación de medicamentos para garantizar la vida de estos niños.
La Presidenta de Fundalatin exhortó a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, a “exigir justicia para Orlando Figuera- joven que fue linchado y quemado vivo por sectores antigubernamentales-, porque las autoridades de España se niegan a extraditar a la persona señalada como responsable de su asesinato, promoviendo la impunidad de este caso”.
Fundalatin se refirió a la cooperación que se viene desarrollando entre la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las autoridades del Estado venezolano
La representante de la ONG valoró positivamente que el plan de trabajo entre la Alta Comisionada y el Gobierno de Nacional ponga énfasis en la asistencia técnica para la elaboración del segundo Plan Derechos Humanos en Venezuela, así como en el fortalecimiento de los centros de detención preventiva, que son temas que la organización viene desarrollando.
Sin embargo, insistió en que “el trabajo del equipo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada debe ser imparcial, objetivo y libre de cualquier politización que entorpezca todo el esfuerzo”.
T/AVN
