Este programa, que comenzó en 2015, ha abordado los pueblos Wayúu, Añú, Gayón, Baré, Kurripako, Piaroa, Piapoco, Warao, Chaima, Jivi, Pumé, Cuiba, Pemón y Kariña, refiere una nota de prensa del organismo.
Para este año, la defensoría suscribió un convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), con el propósito de investigar desde la visión del observatorio “las incidencias, obstáculos, deficiencias o anomalías existentes en los estados con presencia de población aborigen en los trámites referentes al registro civil y cedulación indígena”, refiere el texto.
Este observatorio forma parte de las alianzas de la defensoría con instituciones del Estado como los ministerios para los Pueblos Indígenas, para la Educación, para la Salud y para la Mujer e Igualdad de Género.
La constitución de cada observatorio va precedida por talleres con mujeres indígenas, en los que se comparten estrategias para la identificación de la vulneración de sus derechos; la construcción de rutas para el goce efectivo de sus garantías y elaboración de un plan de trabajo, un pliego reivindicatorio y de compromisos para contribuir a la defensa de derechos específicos de las indígenas desde la acción comunitaria, organizada y de base.
La directora general de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo, Ileana Ruiz, añadió que el plan formativo incluye la inducción sobre la definición de los derechos humanos, evolución histórica y la consagración, tanto en la Constitución, como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
T/AVN
