Al menos 250 mil pobladores Wayuu en Colombia se han visto afectados por la actividad extractiva de la Multinacional Carbones del Cerrejón, con perjuicios para su salud, economía y entorno natural.
En tal sentido, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) puntualizó que la empresa ha intervenido, apropiado y destruido más de 17 arroyos y más de 48 cuerpos de agua que están siendo contaminados directamente, entre ellos el río Ranchería, en el departamento de La Guajira (norte).
Por ello, dos comunidades indígenas Wayuu, varios senadores, el Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo y otras organizaciones, interpusieron una demanda de nulidad -admitida la semana anterior por el Consejo de Estado- contra la licencia ambiental que fue otorgada a la Multinacional.
Ante medios de comunicación, los demandantes aclararon que no es cierto que con la solicitud de medidas cautelares de la acción jurídica se vaya producir el cierre inmediato y total de la mina de carbón ni el despido masivo de trabajadores.
Lo que estamos solicitando es la suspensión de operaciones aledañas a comunidades afectadas y que no se expanda la actividad extractiva hasta que las autoridades verifiquen la protección de los derechos de las comunidades, que la Corte Constitucional y otros Tribunales han determinado están en riesgo, explicaron.
La acción de nulidad va dirigida a frenar o mitigar el detrimento ambiental, económico y las graves afectaciones a derechos humanos que se están ocasionando sobre la población de La Guajira impactada por el proyecto, como la pérdida de seguridad alimentaria y la escasez de agua que ha ocasionado la muerte de cinco mil niños y la desnutrición de 40 mil más en los últimos años.
Será el Consejo de Estado la instancia que evaluará las irregularidades ambientales en que incurrió la empresa en los más de 30 años en los que ha explotado la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, apuntó el senador Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social.
En la demanda admitida por el Consejo de Estado, no solicitamos el cierre inmediato de la mina, ni el despido masivo de trabajadores. Se están utilizando versiones tendenciosas que están generando pánico y desinformación en la región, enfatizó.
Por su parte, la senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, subrayó que la acción de nulidad tiene el objetivo de detener el detrimento ambiental y las graves afectaciones a derechos humanos de la gente cercana al proyecto. El agua no es un derecho privado de las multinacionales, es un derecho de todo humano, afirmó.
Alirio Uribe, reconocido abogado y defensor de los derechos humanos, aseveró que ‘se han destruido los medios de vida natural de los indígenas en esa zona de La Guajira’.
T / Prensa Latina
