Con el mismo argumento de definir a la petrolera Citgo como «alter ego y mero instrumento» del Estado venezolano, José Ignacio Hernández, «procurador» del autoproclamado Juan Guaidó fue contratado como experto legal por Owen Illinois para embargar la petrolera Citgo.
La transnacional del vidrio demandó en febrero de 2019 a Pdvsa y Citgo ante un tribunal de Delaware, EEUU, para exigirle el pago de $500 millones acordados en 2015 como indemnización por la expropiación de sus dos plantas en 2010, que actualmente conforman Venvidrio.
En el arbitraje, este abogado fue contratado por más de $160 mil para demostrar que Pdvsa y Citgo eran equivalentes a la República y embargar los activos de la estatal petrolera, publicó el blog de investigación periodística La Tabla.
Este mismo argumento lo usó Hernández al representar a la minera Crystallex para exigir los activos de la filial Citgo para saldar la supuesta deuda que Venezuela tiene con la compañía desde 2008.
Además de la compañía canadiense, Hernández –quien forma parte del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco– ha representado a empresas Polar, su principal cliente, que también es socio minoritario de Owen Illinois en Venezuela, de la que adquiría sus productos como botellas y frascos de vidrio.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que Hernández ha propiciado el fraude material para despojar al país de Citgo, con el argumento de que Pdvsa y la República son la misma entidad jurídica, origen del fraude procesal para expropiar a la petrolera.
En noviembre de 2018, el Gobierno Nacional detuvo la acción contra Citgo al acordar con Crystallex un plan de pagos a partir de 2021, y la cancelación en dicha oportunidad, de 425 millones de dólares.
Sin embargo, la autoproclamación de Guaidó y su reconocimiento por parte de EEUU cambió la situación en 2019, quedando como contraparte ante el tribunal el «procurador» Hernández y vetan al Procurador constitucional, Reinaldo Muñoz, designado por la AN en desacato y el «presidente interino».
T/AVN
