La Comisión del Senado Federal de Brasil llevará este miércoles a una nueva votación si se someterá o no a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político, lo que conllevaría a su destitución sin haber una causa real en su contra.
De acuerdo con el cronograma, reseñado por Telesur, la sesión comenzará a las 09H00 (hora local) y será dividida en tres bloques.
El titular de la Cámara alta, Renán Calheiros, explicó que la votación deberá concluir en esta misma jornada, aunque pudiera extenderse hasta la madrugada del jueves.
Calheiros detalló que el relator de la comisión especial del juicio político, Antonio Anastasia, y al abogado general de la Unión y defensor de la mandataria, José Eduardo Cardozo, también tendrán el derecho de tomar la palabra.
El juicio político se puede aprobar mediante mayoría simple, con los votos de la mitad más 1 de los 81 miembros del cuerpo colegiado, refiere Telesur.
En abril pasado, la Cámara Baja de Diputados del Congreso de Brasil, entonces presidida por Eduardo Cunha, quien fue destituido por corrupción, dio un paso más hacia el golpe parlamentario a través de una votación nominal en la que se decidió el juicio político contra la presidenta Rousseff, alegando supuestas faltas administrativas con argumentaciones políticas y no legales.
Posteriormente, se creó una comisión de senadores, de mayoría opositora, que aprobó un informe que sugería al pleno del Senado iniciar el juicio contra la Jefa de Estado.
Tras la anulación, la Cámara de Diputados de Brasil contará con un lapso de cinco sesiones para realizar una nueva votación en la que se decida si se autoriza o se niega el impeachment contra la mandataria Dilma Rousseff.
La derecha parlamentaria de Brasil pretende someter a la Presidenta Dilma Rousseff a un juicio político que conlleva a su destitución sin haber una causa real en su contra.
El argumento de los parlamentarios es que Rousseff aprobó unos ajustes fiscales para los cuales emitió seis decretos (95 menos de los 101 aprobados por el expresidente Fernando Enrique Cardoso), en plena concordancia con la legislatura vigente en Brasil.
No existen argumentos jurídicos que sustenten la medida que intenta destituir a la mandataria reelecta con 54 millones de votos y que ha dado continuidad a una política social de equidad y justicia social iniciada por su compañero de lucha, el líder obrero, Luiz Inácio Lula da Silva.
En esto coinciden presidentes, instituciones y líderes de movimientos sociales del mundo. La Comisión económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) han rechazado de manera unánime este golpe de Estado parlamentario similar al aplicado contra el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, y contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009.
Asimismo, este martes los movimientos sociales y sindicatos de Brasil realizaron movilizaciones para rechazar el golpe institucional contra Rousseff, actividad con la que el poder popular también conmemoró el Día Nacional de la Lucha en Defensa de la Democracia y contra el Golpe.
T/ AVN
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