El incremento de los hechos de violencia en Venezuela en la última década obedece, sin duda, a la consolidación de un modelo de privatización de la violencia, tradicionalmente monopolizada por el Estado, y que conceptual y operativamente se ha nutrido del llamado “paramilitarismo colombiano”.
Estas son algunas líneas claves del desarrollo del fenómeno en Venezuela y que pueden ser constatadas empíricamente. Son meramente enunciativas, ya que se trata de un proceso altamente complejo en lo funcional, en lo económico y en lo simbólico.
En todo caso el reto es lograr que el debate sobre la inseguridad y la violencia en Venezuela trascienda a la disyuntiva falaz de la “delincuencia común” y la violencia política dirigida a la liquidación de la Revolución Bolivariana. Todo indica que, en realidad, se trata de un mismo mecanismo dirigido a preservar el control de la sociedad por los tradicionales sectores dominantes del capital transnacional y la burguesía local colombo-venezolana.
1.- Privatización de la seguridad. La base del paramilitarismo en Venezuela es la privatización del monopolio de la violencia, tradicionalmente reservado al Estado. Ese proceso de privatización está impulsado, al menos, por tres factores. Uno, la lógica neoliberal que desde mediados de los años 80 exige un Estado con menos poder. Dos, la necesidad de darle protección a actividades sublegales, ilegales y hasta criminales de “empresarios” de bares y discotecas, servicios sexuales, venta de drogas al detal, y comercio informal de divisas, mercaderías de contrabando, armas y municiones, entre otras. Y tres, la pérdida formal por parte de la burguesía del control sobre el aparato de violencia del Estado, tras el triunfo de la Revolución Bolivariana, y las limitaciones para usar con total libertad la institución militar y los cuerpos policiales en la protección de los intereses de los empresarios y los propietarios de tierras e inmuebles.
2.- Seguridad como oficio. La privatización de los servicios de seguridad y la creación de policías locales por parte de los municipios creó una masa enorme de trabajadores con adiestramiento para el uso organizado de la fuerza: celadores, escoltas, porteros, agentes policiales entre otros. Sin embargo, al tratarse de puestos de trabajo de alta rotación y en otros casos informales y a destajo se creó un “ejército industrial de reserva” o de desempleados permanentes capacitados para realizar tareas de seguridad cuando así lo necesitaran los empresarios o quien pudiera pagarles por días o por tarea.
3.- Bandas organizadas e industrias del crimen. Así no fue muy difícil la organización de esos trabajadores en grupos o bandas dedicados a prestar servicios de protección o de violencia a las industrias del crimen. Así como podían escoltar un camión con mercancías legítimas, podían hacerlo con un cargamento de drogas. Así como garantizaba el orden en un concierto lo podían hacer en una discoteca donde se distribuyera estupefacientes. Y así como podían investigar los delitos, también podían obtener información para identificar potenciales víctimas de extorsión y secuestros. Todas esas actividades garantizan la viabilidad financiera y operativa de esas organizaciones delictivas
4.- Crimen, arte y cultura. El surgimiento de esas bandas se desarrolló acompañado por un componente simbólico que a través de expresiones artísticas ha creado referentes culturales bien definidos y complejos. El lenguaje, la música, los códigos visuales y audiovisuales han sido usados para darle sustrato cultural a esos “modo de vida”. Esas expresiones culturales del “paramilitarismo” atienden en forma segmentada socialmente las necesidades de uso de la violencia de distintos estratos de la población. Así hay expresiones de musica o moda en el vestir que corresponden a capas populares, y otras en el lenguaje o los códigos audiovisuales que expresan expectativas o temores de las llamadas “clases medias”. Es decir, así como un hay un “paramilitarismo” del barrio, con bandas dedicadas al crimen abiertamente violento, hay otro “paramilitarismo” sifrinoide que administra la violencia a través de “deportes” como el “airsoft” y fantasea con matar chavistas (o sea, a quienes no son como ellos) y a guardias nacionales desde lo alto de su edificio o desde la garita de la urbanización.
5.- ¿Paramilitarismo vs. delincuencia común? Un error muy frecuente en la evaluación de este fenómeno es la pretensión de diferenciarlo de la llamada delincuencia común. Los hechos, tanto en Venezuela, como en la extensa experiencia colombiana, indican que la cosa no funciona así. Al contrario, nuestra delincuencia es una expresión clara de la lógica del paramilitarismo. La organización, las técnicas y la ferocidad, las armas y vehículos y los negocios son similares a los de las ahora llamadas “bandas criminales” (bacrim) en Colombia. A eso hay que sumar el control territorial, como expresión de la violencia monopolizada, y sus implicaciones en la reconfiguración del poder político local. Basta ver las situaciones recientes en Maracay, los Valles del Tuy y el norte del estado Guárico.
6.- Paramilitares contra el pueblo. Estas bandas criminales han incluido entre su “cartera de servicios” acciones ofensivas contra el pueblo por requerimiento de los empresarios y terratenientes locales. Así es frecuente que actúen amedrentando y hostigando a quienes se opongan a actividades empresariales que perturben la calidad de vida de la comunidad, desalojen cual policía privada a familias que ocupen inmuebles abandonados o parcelas agrícolas improductivas, o ataquen y asesinen a trabajadores en confrontación con sus patronos o con sindicatos patronales. Recientemente los sindicatos de Alimentos Polar denunciaron la utilización de “bandas delincuenciales” , al servicio de la empresa, para intimidar a dirigentes sindicales. Asimismo se ha evidenciado como estas bandas han intervenido estructuras sindicales para negociar las contrataciones de trabajadores mediante el uso de la violencia, incluyendo el asesinato de voceros laborales que les sean adversos.
7.- Latifundio y paramilitarismo. El proceso de inserción del paramilitarismo de origen colombiano en la vida productiva del país se realizó en los estados fronterizos a solicitud de los terratenientes que buscaban resguardar sus inmensas posesiones de la presión campesina por tierras. Para eso contrataron los servicios de personal adiestrado con prácticas y técnicas usadas en Colombia por las llamadas autodefensas de manera de alejar por la vía del terror la posibilidad de organización campesina con el fin de rescatar las tierras y desmontar su concentración. Otro factor ha sido el uso de los hatos u predios para actividades ilegales como el contrabando en general y específicamente el de ganado venezolano en pie que es trasladado ilegalmente a Colombia, y devuelto a Venezuela a precios internacionales donde es pagado con divisas preferenciales. Y un último factor es el uso de estos latifundios para actividades de distribución y almacenamiento de drogas por su ubicación sobre rutas aéreas y fluviales usadas por el narcotráfico colombiano. En cada una de de estas actividades se requiere de personal de seguridad que es suministrado por las redes del paramilitarismo y de los grupos calificados como bandas criminales. En febrero pasado esa situación salió a la luz pública a raíz del asesinato de cuatro pescadores, torturados salvajemente, en la ciudad de Bruzual, estado Apure.
8.- Paramilitares en el comercio. El paramilitarismo se ha insertado en el sector comercial y en las ciudades al menos de tres modos. Uno, con el control que ejercen sobre el contrabando de extracción, tanto de gasolina como de alimentos y bienes esenciales. Dos, con la realización de inversiones a través del mercado inmobiliario y la construcción y operación de locales para comercio, todo ello orientado a la legitimación de capitales. Y tres con la activación de bandas dispuestas a prestar servicios de seguridad, formales o no, a los comerciantes establecidos en los cascos urbanos de las ciudades. En este último caso es común el mecanismo de pagos de cuotas fijas mensuales o semanales a grupos organizados que garantizan un mínimo de vigilancia que incluye recorridos nocturnos y atención inmediata en casos de emergencia. En el caso de las inversiones llama la atención la construcción de centros comerciales en ciudades pequeñas y medianas y la apertura de establecimientos de venta de alimentos preparados ubicados en locales comerciales cuya adquisición o alquiler es muy costosa por su ubicación en las áreas comerciales más tradicionales del centro de Caracas y otras grandes ciudades.
9.- Ideología del paramilitarismo. El paramilitarismo posee mecanismos de legitimación relacionados con la defensa de los valores de la moralidad más tradicional. Uno de ellos es su intervención como reguladores del comportamiento individual de los pobladores de las comunidades donde ejercen el control. Eso incluye la vigilancia sobre niños y adolescentes que puedan participar en delitos y faltas como pequeños hurtos o consumo de drogas (aunque en otros lugares han usado el fomento del consumo para captar adeptos), o las advertencias a hombres y mujeres que puedan estar siendo infieles a sus parejas formales. De esa manera se aseguran una base social defiende su actuación, al punto de considerarse que desde que una banda o grupo armado tomo control de una localidad “se puede dormir con las puertas abiertas” y hasta “los borrachos se recogen temprano”. Y además esa “lógica” de la seguridad se impone para justificar, por la vía de la criminalización, acciones de ajusticiamiento del cualquier persona, ya que asume “si lo mataron fue por algo”.
10.- Tráfico de armas y paramilitarismo. Una de las “industrias” controladas en Venezuela por el paramilitarismo es el comercio ilegal de armas y municiones. Desde hace al menos una década se reporta la exportación de armas adquiridas en los EEUU y enviadas por piezas a Venezuela. En virtud de las libertades para el comercio de armamento como rifles y fusiles en la mayoría de los estados, o las facilidades para su transporte cuando están desarmados, los despachos son frecuentes y han sido documentados por procesos judiciales e investigaciones policiales tanto en EEUU como en Venezuela. En los casos identificados en el país se distinguen dos líneas comerciales: el reciclaje de cartuchos que permite la elaboración de nuevas municiones con unas máquinas portables, y el rearmado de fusiles de alta potencia y precisión por especialistas en metalmecánica y tornería. Ese fue el caso detectado en abril pasado y que permitió la detención y procesamiento del padre de una actriz venezolana de telenovelas.
El debate y el estudio sobre el paramilitarismo
Un aporte valioso para el estudio del fenomeno de la violencia paraestatal es el trabajo del experto en el negocio de la guerra, Darío Azzellini, “Venezuela: paramilitarismo y contra en construcción”, publicado en su compilación El negocio de la guerra. Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado. Caracas, 2009 Monte Àvila Editores.
Las notas, elaboradas en 2008, recogen una realidad absolutamente alarmante. Hoy exige una actuación inmediata del pueblo y el gobierno.
T/Cuatro F
