Sudafricanos van a las urnas sumidos en el desempleo y la pobreza


Los sudafricanos acuden a las urnas este miércoles 8 de mayo para renovar la Asamblea Nacional y el presidente del país inmersos en una crisis económica marcada por la elevada pobreza, el alto desempleo y la crónica desigualdad, así como por casos de corrupción gubernamental.
En lo que serán las sextas elecciones democráticas desde el fin del régimen de segregación racial conocido como apartheid, casi 27 millones de electores están convocados para renovar los poderes legislativos provinciales y a los representantes de la Asamblea Nacional, quienes deberán proclamar al nuevo presidente del país para los próximos cinco años.
Desigualdad
La desigualdad en el país africano es alta, persistente y ha crecido desde 1994, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).
El 1.0 por ciento mejor posicionado de la población posee el 70.9 por ciento de la riqueza total del país, mientras que el 60 por ciento con menos recursos concentra solo el 7.0 por ciento, indica el estudio del BM titulado “Superar la pobreza y la desigualdad en Sudáfrica”.
Pobreza
Más de la mitad de la población (es decir, más de 28 millones de personas) vive por debajo de la línea de la pobreza.
“La pobreza es consistentemente más alta entre los sudafricanos negros, los menos educados, los desempleados, los hogares encabezados por mujeres, las familias grandes y la infancia”, remarcó el informe del BM, que recolectó datos entre 2006 y 2015.
Desempleo
Sudáfrica presenta una tasa de desempleo del 27.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA), una de las más altas del mundo.
El 27.1 por ciento de la PEA significa que más de seis millones de sudafricanos no tienen un trabajo fijo.
Corrupción
Tal fue el nivel de los escándalos de corrupción del entonces presidente Jacob Zuma que, en febrero 2018, su propio partido, el Congreso Nacional Africano, que ha ganado todas las elecciones democráticas desde 1994 -la primera con Nelson Mandela-, le retiró su apoyo político y lo obligó a renunciar.
Entre otros casos, resalta el de 2016, cuando el Tribunal Constitucional declaró improcedente que el exmandatario gastara varios millones de dólares de fondos públicos para remodelar su residencia, incluida una piscina. Zuma fue obligado a pagar de su bolsillo ese dinero.
En 2017 se creó una comisión judicial para investigar sus relaciones con la adinerada familia Gupta, y su probable influencia en decisiones y nombramientos del exmandatario a cambio de apoyos financieros.
 
T/Telesur