¿Por qué es ilegal la resolución de la OEA contra Venezuela?

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el martes 9 de abril, con el apoyo de 18 de sus 34 Estados miembros, una resolución contraVenezuela que recibió de inmediato el rechazo del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y de otros países latinoamericanos.
La resolución, que recibió el rechazo de nueve naciones y la abstención de seis, señala que el foro interamericano reconoce a Gustavo Tarre como representante «designado» por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino del país.

¿Por qué es ilegal?

La resolución es una violación del Derecho Internacional y de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Quien designa al representante de un país ante la OEA es el jefe del poder Ejecutivo, en este caso el presidente Nicolás Maduro.
Gustavo Tarre es una persona que no se sabe a quién representa, debido a que la OEA no ha reconocido a otro gobernante distinto al mandatario Maduro, según recordó el embajador venezolano ante Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada.
 

Aberración jurídica

Para Moncada, es una “aberración jurídica” que haya un representante de un gobierno que no existe oficialmente en la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, carece de la autoridad para reconocer presidentes. No existe en el organismo interamericano un documento de “reconocimiento” a un presidente “autoproclamado”.
La resolución crea un precedente sin fundamentación jurídica que «podría afectar en un futuro la organización», de acuerdo con el representante de México, Jorge Lomónaco.
Asimismo, la Carta del organismo hemisférico no faculta al Consejo Permanente a acreditar representantes de un Estado, según observaron los embajadores de México, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Guyana, Antigua y Barbuda y El Salvador.

La resolución sin efectos reales

Para Lomónaco, el documento aprobado ayer martes «es una victoria pírrica para un grupo de países, sin efectos reales y con potencial de consecuencias negativas para la OEA y su institucionalidad».
Asimismo, la propuesta de Tarre surgió de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, la cual se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos son nulos.