Este 1 de julio comenzó el proceso actualización anual de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) en formato electrónico, para las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel en los órganos y entes del poder público nacional.
El cumplimiento de dicho procedimiento, que se extenderá hasta el próximo 31 de julio, se encuentra establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
De acuerdo con información divulgada por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, luego del lapso señalado el sistema para la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio quedará inactiva.
«En caso que en la actualidad no ostente el cargo de alto funcionario indicado, bien sea porque cesó en funciones en la institución o debido a que ya no ejerza el cargo de alto funcionario, deberá dirigirse a la dirección o gerencia de recursos, gestión o talento humano a los fines de regularizar la situación», indica la contraloría.
El incumplimiento a esta obligación será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, que fija multas entre 50 y 500 unidades tributarias.
T/AVN
