Casi 7 años han transcurrido cuando, un grupo de lideres indígenas del pueblo Aymara, se organizaron en el departamento de Puno- Perú en 2011, para protestar en contra de la promulgación de El Decreto Supremo 083-2007, que ponía en entredicho a la propia constitución peruana que autorizaba las operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, este decreto fue aprobado por el Gobierno de turno para ese entonces Alan García Pérez.
Antes que la protesta llegara a un punto de convulsión social, los lugareños liderados por el entonces presidente del Frente de Defensa de los Recurso Naturales de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri Calisaya lanzaron varias advertencias pidiendo diálogo con el gobierno central, sin embargo, no fueron escuchados.
Las protestas duraron casi un mes, realizando plantones y pernoctaban fuera de instituciones públicas y al no haber una respuesta del gobierno se dio una explosión social, el 26 de mayo de 2011, ese día literalmente Puno ardió, los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas fueron siniestrados.
Esta explosión social, que hasta fecha se conoce participaron mas de 9 mil ciudadanos y quedo para la historia como el “Aymarazo”, que hasta el momento se le atribuye como responsables de esta protesta a 18 personas de los cuales, El fiscal Juan Monzón Mamani retiró la acusación contra 8 de los 18 procesados por el caso, quienes estaban denunciados por extorsión agravada, disturbios y entorpecimiento del orden público.
Quedaron libres del proceso: Francisca Sarmiento Choque, Pedro Cruz Pari, Rosendo Mendoza Condori, Pablo Salas Charca, Marco Antonio Ururi Musaja, Eufracio Guido Vélez Carita, Edwin Condori Chipana y Emilio Paredes Pari.
Aun quedan 10 lideres indígenas que el Estado peruano acusa de los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada, solo por el hecho oponerse ha un proyecto minero que tendría impactos negativos a sus derechos ambientales, causando daños a sus fuentes de agua, hoy el pueblo de Puno pide la liberad plena de: Walter Aduviri Calizaya, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Javier Pari Sarmiento, Eddy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Severo Efrain Iturry Gandarrillas, Gilver Chura Yupanqui y Felix Illacutipa Mamani,quienes están siendo criminalizados únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de los derechos humanos.
Desde el inicio de este juicio los acusados no han podido dar su versión real, esas voces que el Estado Peruano no deja que digan sus verdades, Javier Pari Sarmiento, en contacto telefónico habló para el Sistema Radio Nacional de Venezuela, quien agradeció se escuchará su voz, inicialmente envío un mensaje al poder judicial de su nación, “Espero que el poder judicial pueda dictar una sentencia verídica, veraz, porque los dirigentes en ese entonces no hemos hecho nada, no hemos asesinado, no hemos estropeado nada, sólo que era una huelga pacífica, del cual los medios de prensa, los medios internacionales salieron y dijeron que esta huelga era la mejor huelga del mundo más organizada, más equitativa con sus reclamos justamente, lo que los pueblos indígenas reclamaban, No queremos minería en el país, No queremos un modelo económico extranjerizante, queremos una constitución nueva, queremos nuevos líderes políticos donde no dañen nuestra política nacional”.
Criminalización por parte del Estado que han cargado desde el año 2011 y que buscaba el respeto a sus espacio sagrados como el Lago Titicaca, así lo mencionó Pari, “nosotros en nuestros reclamos, de pliego, de lucha, era recuperar nuestras tierras de las manos de quienes estaban pretendiendo entrar a nuestras tierras, adueñarse de nuestro lago sagrado de los incas, de tal manera que el 98% de las tierras de Puno, estaban concesionado a las transnacionales esto a dado fuerza todo la región de Puno, y nos pusimos en pie de lucha 2 meses duró esta lucha social, todo esta lucha así con huellas comunes, porque así somos nosotros, así venga quien venga Nosotros somos fuertes y saludos cómo sobrevivir la inclemencia de la naturaleza y así hemos enfrentado el gobierno”.
El proyecto minero proyecto tendría impactos negativos a sus derechos ambientales, causando daños a sus fuentes de agua, y violando parte de los artículos del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Según el inciso 3 del artículo 17 del convenio, “deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse de la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.
Comenta Javier que el gobierno para librarse de culpa decidió anular El Decreto Supremo 083, pero dejó un daño moral y social a los que hoy el Estado persigue, solo por pedir respeto a la madre tierra, ya que no pueden salir del país y no pueden trabajar sin permiso judicial, “desde entonces el gobierno nos ha perseguido políticamente, nosotros tenemos restricciones del cual no podemos salir del país, no podemos salir de nuestras regiones, porque sin permiso judicial tú no puedes salir de esa Región del cual vivo en Puno a otras regiones, no puedo agarrar un trabajo porque realmente a cada rato nos cita en el poder judicial, el fiscal a veces es triste ser como líder de que las autoridades te pueden perseguir y encarcelar”.
A pesar de esta lucha que en pocos días cumplirá 7 años, Javier Pari Sarmiento con la voz quebrantada, envío un mensaje al pueblo venezolano de mantener la lucha de ser la patria libre, como lo soñó el Presidente eterno Hugo Chávez, “Esta es una situación económica presionado por los grandes poderosos económicos, que quieren de Venezuela adueñarse saquear, así cómo saquear los recursos del Perú, de igual manera quieren hacerlo, Yo quiero desde aquí decir al hermano Maduro que siga adelante por esa ruta política, que enmarcó nuestro hermano Hugo Chávez, es lo digo con todo las lágrimas, la verdad en el Perú saquean a los recursos, lo hacen a su regalada gana desapareciendo pueblos enteros donde la educación no existe, la presencia del gobierno no existe, donde somos olvidados”.
Es importante destacar que el año 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA pidió al gobierno peruano adoptar medidas de preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes comuneros, defensores de sus derechos, medida que no fue cumplida a cabalidad.
Esta es la realidad triste realidad a la que se enfrentan las comunidades que rechazan los proyectos mineros en Perú, todo aquel bien sea de organizaciones sociales y sus dirigentes son criminalizados y estigmatizados por el rechazo a la minería y por su condición indígena, un gobierno pro-minera reinante que ha causado una gran cantidad de conflictos socio-ambientales, además del despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos, solo con el fin de garantizar tierras a las corporaciones transnacionales como Bear Creek, que son las que se benefician en última instancia de la extracción de recursos y la transgresión de los derechos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios.
Escuche declaraciones de Javier Pari Sarmiento
T / Canal Indígena / RC
