El Ministerio Público logró privativa de libertad para seis funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por presuntamente haber torturado a dos hermanos de 23 y 19 años de edad, hecho ocurrido el pasado 05 de abril en la subdelegación de ese organismo ubicado en el municipio Dabajuro, estado Falcón.
Conviene destacar que ese mismo día el tío de los jóvenes fue privado de libertad de manera ilegítima.
En la audiencia de presentación, el fiscal 17° auxiliar de la referida jurisdicción, Ángel García López, imputó al inspector jefe Deivi Caldera (48), y a los detectives Luis Padilla (28), Walter Bracho (26), Lornay Araya (20), Otniel Meléndez (28) y Michell Angelo Trompiz (23) por la presunta comisión de los delitos de tortura, violación agravada y privación ilegítima de libertad.
Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Código Penal.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el fiscal, el Tribunal 5° de Control de Falcón dictó la medida de privativa de libertad para Caldera, Padilla, Bracho, Araya, Meléndez y Trompiz, quienes permanecerán recluidos en la subdelegación del Cicpc de la ciudad de Coro.
El citado día, una comisión de la policía científica capturó a los hermanos en su residencia ubicada en la población de Capatárida (municipio Buchivacoa), por presuntamente estar vinculados con el hurto de una motocicleta. También fue detenido el tío de las víctimas.
Inmediatamente, los tres hombres fueron trasladados hasta la sede del Cicpc en Dabajuro, donde los jóvenes fueron sometidos a agresiones físicas y verbales. En el hecho uno fue abusado sexualmente.
Al día siguiente, las víctimas denunciaron lo sucedido ante el Ministerio Público, el cual inició la investigación correspondiente.
Además, a los hermanos le practicaron unos exámenes médico forenses.
Como resultado de las experticias coordinadas por el fiscal se presume la vinculación de los seis funcionarios con el citado caso, por lo que fueron detenidos el pasado 15 de abril en su lugar de trabajo, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por la referida instancia judicial.
T/MP
Conviene destacar que ese mismo día el tío de los jóvenes fue privado de libertad de manera ilegítima.
En la audiencia de presentación, el fiscal 17° auxiliar de la referida jurisdicción, Ángel García López, imputó al inspector jefe Deivi Caldera (48), y a los detectives Luis Padilla (28), Walter Bracho (26), Lornay Araya (20), Otniel Meléndez (28) y Michell Angelo Trompiz (23) por la presunta comisión de los delitos de tortura, violación agravada y privación ilegítima de libertad.
Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Código Penal.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el fiscal, el Tribunal 5° de Control de Falcón dictó la medida de privativa de libertad para Caldera, Padilla, Bracho, Araya, Meléndez y Trompiz, quienes permanecerán recluidos en la subdelegación del Cicpc de la ciudad de Coro.
El citado día, una comisión de la policía científica capturó a los hermanos en su residencia ubicada en la población de Capatárida (municipio Buchivacoa), por presuntamente estar vinculados con el hurto de una motocicleta. También fue detenido el tío de las víctimas.
Inmediatamente, los tres hombres fueron trasladados hasta la sede del Cicpc en Dabajuro, donde los jóvenes fueron sometidos a agresiones físicas y verbales. En el hecho uno fue abusado sexualmente.
Al día siguiente, las víctimas denunciaron lo sucedido ante el Ministerio Público, el cual inició la investigación correspondiente.
Además, a los hermanos le practicaron unos exámenes médico forenses.
Como resultado de las experticias coordinadas por el fiscal se presume la vinculación de los seis funcionarios con el citado caso, por lo que fueron detenidos el pasado 15 de abril en su lugar de trabajo, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por la referida instancia judicial.
T/MP