El Gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá, como medida para proteger el sistema financiero venezolano.
La medida se formalizó en una resolución conjunta de los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional, y Banca y Finanzas.
La resolución ordena «la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá», con base «en el principio de precaución y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República, Bolivariana de Venezuela».
Entre las personas incluidas figura el presidente panameño, Juan Carlos Valera; la canciller, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero; el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia; la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez; el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena.
También están en la lista el ministro de Salud, Miguel Mayo; el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles Rudy; el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena; el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, y el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles; el ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez Velásquez; el ministro de Seguridad Pública, Alexis Betancourt; el ministro de Ambiente, Emilio Sempris; la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, y el contralor general, Federico Humbert, también integran la lista.
En el caso de las personas jurídicas figura la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia Travel, Sanofi Aventis De Panamá S.A., Casa Blanca S.A., Noratex S.A., Dana Internacional S.A., Omais Internacional S.A., Model One Internaciona S.A., Nabil Internacional S.A., Yamaha Music Latin America S.A., Casa Be BT Mayani S.A., VDF Panamá S.A., Rattan Zona Libre S.A., Samsung Electronics Latinoamerica Zona Libre S.A., entre otras.
La suspensión de relaciones —indica la resolución— se toma luego que numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han «evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público».
Estos delitos han sucedido bajo la opacidad del sistema financiero de Panamá y «con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país», con el objetivo de dañar al patrimonio público de Venezuela.
La resolución, vigente a partir de este jueves, también ordena a la Superintendencia de las Instituciones Bancarias (Sudeban) y al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin) adoptar las medidas necesarias para garantizar los controles adecuados para que esta resolución se aplique de manera eficiente.
Los órganos y entes que se adhieren a la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo también deberán velar por el cumplimiento de la resolución.
Asimismo, en caso de que Venezuela reciba por parte de otro Estado la solicitud de bloqueo preventivo de fondos presuntamente pertenecientes a algunos de los sujetos panameños listados, se aplicarán los procesos establecidos en la legislación nacional en los plazos perentorios.
T/AVN
