Venezuela conmemora este martes el aniversario número 29 de la gran rebelión popular del 27 de febrero de 1989, mejor conocida como “El Caracazo”, que fue la respuesta de un pueblo golpeado por la profunda crisis que resultó de la aplicación de políticas neoliberales durante la década de 1980 y que se agudizaron en el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez (CAP).
El impacto de las medidas aplicadas por CAP— bajo los designios de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— sigue presente en la memoria de los venezolanos, aún cuando se cumplen casi tres décadas del estallido social que el comandante Hugo Chávez llamó: “la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana”.
En 2010, el líder revolucionario recordó que una de las causas del estallido popular fue “el incremento de la pobreza producto del neoliberalismo que anda aspirando volver a Venezuela” en manos de la burguesía.
A principios de 1989, la pobreza en la cual vivían cinco de cada diez hogares venezolanos se recrudeció por los recortes aplicados por Pérez en los recursos destinados a atender las necesidades del pueblo. Así, la cifra de “gasto” social, como era concebido en la IV República, bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989. El presupuesto para educación se redujo de 12.005 a 10.635 millones de bolívares; igualmente, los recursos para la salud descendieron de 5.599 a 4.311 millones.
“El esquema de crecimiento económico impulsado por el Estado petrolero se agotó y el gasto social se vio afectado no sólo en cantidad sino también en calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la inversión social”, señalan los investigadores José Ignacio Silva y Reinier Schliesser en el libro La evolución de la pobreza en Venezuela, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 1998.
A esto se sumó un alza en la inflación de 35,5% de 1988 hasta 81% de 1989, mientras que la estructura económica reflejaba que sólo 5% del empresariado concentraba el 70% de la producción.
De acuerdo con el libro editado por el Ministerio para la Comunicación e Información “Cronología de una Implosión. La década final de la IV República”, otras de las causas que provocaron el estallido social fueron las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 e inicios del 89, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica, falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad.
Además, el anuncio del programa económico, mejor conocido como el “paquetazo”, liquidó las ilusiones optimistas y acentuó el desencanto en la mayor porción de la población, cuyo voto había sido determinante para el triunfo de la candidatura de Pérez.
Ese paquetazo incluyó el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que registró un alza promedio de 94%, y un incremento de 30% en las tarifas del transporte urbano. Los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos 70%, y la Cámara del Transporte convocó un paro para el lunes 27 de febrero como medida de presión. Ese día intentaron imponer sus tarifas. El resultado fue un estallido popular que en principio fue contra las unidades de transporte y luego se extendió, como reacción también ante una ola de acaparamiento y especulación en los principales rubros alimenticios.
La situación crítica de los años venideros (como las dos rebeliones cívico-militares) evidenciaron dramáticamente el malestar existente en la nación, al igual que las limitaciones de los actores políticos y procedimientos habituales para enfrentarlo.
Estos sucesos generaron un punto de quiebre en los gobiernos que habían existido en el país, donde no se contaba con un programa para solventar la crisis económica que se estaba viviendo.
Así el 27 de febrero de 1989 se convirtió en la antesala a la Revolución Bolivariana, gestada con una insurrección de militares patriotas el 4 de febrero de 1992, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez.
Protección social
Venezuela conmemorará este martes los 29 años del Caracazo con políticas públicas, implementadas por el Gobierno nacional, dirigidas a la protección social del pueblo, en medio de una guerra económica, perpetrada por agentes financieros y actores de la oposición, y que se ha caracterizado por la especulación, usura, contrabando y reventa de productos de primera necesidad, en especial alimentos y medicinas, además del bloqueo financiero contra el país.
Frente a la baja del precio del petróleo —principal fuente de ingresos de la nación—, del bloqueo financiero internacional, el ataque a la moneda y las prácticas de especulación, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se ha centrado en la defensa del poder adquisitivo de las familias venezolanas.
El 31 de diciembre pasado el jefe de Estado decretó un nuevo incremento salarial, el número 20 de su gestión y el 42 implementado por la Revolución Bolivariana desde su inicio, en 1999.
Esta realidad contrasta con los nueve aumentos otorgados durante los últimos 17 años de los gobiernos de la IV República, la mayoría de ellos muy por debajo a los índices inflacionarios de la época.
Asimismo, Venezuela es el único país en el mundo que construye la mayor cantidad de viviendas de interés social en el mundo.
Desde que se creó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en 2011, más de 1 millón 998 mil familias cuentan con techo propio, de las cuales 572 mil obtuvieron la llave de su techo digno el año pasado, a pesar de las acciones violentas de la oposición y del bloqueo financiero de Washington.
El fortalecimiento de las políticas sociales constituyen la base del Plan de la Patria 2019-2025 propuesto por el presidente Maduro, y que cuenta con los aportes de más de 3 millones de venezolanos.
T/AVN
