El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ofreció este viernes una rueda de prensa donde dio detalles de la desarticulación de un grupo político vinculado con una nueva escalada terrorista en el país.
Las investigaciones confirmaron la participación del partido de extrema derecha Voluntad Popular (VP) en un plan terrorista que incluía el secuestro del exministro de Economía y ex presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes.
El alto funcionario relató que desde finales de enero del presente año,el cuerpo de seguridad comenzó a investigar a algunos ciudadanos miembros de partidos políticos, por lo cual solicitaron autorización judicial para la intervención de líneas telefónicas y resguardo de audios, seguimientos físicos de los sospechosos y movimientos bancarios de los mismos.
Las pesquisas permitieron recuperar el intercambio de comunicación de Luis Alberto Navas, coordinador de la parroquia El Recreo por el partido Voluntad Popular y su colaborador Eligio Arraiz Arrocha, capturados antes de cometer el secuestro contra Merentes, una de las víctimas que tenían planeado atacar.
Ambos sujetos mencionados, tienen vínculo con figuras públicas como Freddy Guevara, solicitado por justicia venezolana, Gladys Mariela Castillo, Ana García Martínez y otras personalidades que participaron en acciones violentas en el área metropolitana.
El secuestro se llevaría a cabo el fin de semana cuando concluiría el trabajo de estudio de las rutas, sistemas de captura, extracción, cautiverios y un sistema incipiente de negociación para definitivamente efectuar el secuestro antes de las elecciones presidenciales del 22 de abril.
El objetivo de esta nueva escalada terrorista sería el obtener recursos para el terrorismo, lo que constituye un cambio en las fuentes de financiamiento de los grupos criminales que pretenden el derrocamiento del Presidente Maduro, explicó el alto funcionario.
El director del Sebin garantizó que el Gobierno nacional utilizará todos los mecanismos legales para detener esta nueva y perversa forma de ataque, que implica una modalidad muy peligrosa para el país ya que comienza con delitos contra personas que tengan la capacidad económica de pagar rescate.
“Todos hemos vivido los acontecimientos criminales del 2014 y reeditados en 2017 con pérdidas de vida y destrucción de bienes públicos y privados. Lo novedoso aquí, es el cambio de fuentes de financiamiento de la actividad terrorista que incluye la comisión de delitos previstos, tanto en el código penal, como en las leyes que sancionan a la delincuencia organizada y el terrorismo”, expresó el González López.
