En la historia del Magisterio se han firmado siete convenciones colectivas, de las cuales cinco, es decir el 71,42% han sido en la Revolución Bolivariana para mejorar la calidad de vida de los profesionales de la educación y transformar el sistema educativo.
Como parte de las políticas de reivindicación del Gobierno Nacional, los docentes activos y jubilados del Ministerio de Educación iniciaron sus actividades este año con el incremento salarial del 40%, decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 31 de diciembre de 2017.
A finales de diciembre pasado, el ministro de Educación, Elías Jaua, destacó que en 900% aumentó el salario de los educadores y demás trabajadores del ente ministerial durante el 2017.
Igualmente, los maestros recibieron en enero de este año un bono de 500.000, en función de reivindicar la ardua labor que lideran los forjadores del futuro de la patria.
Esto contrasta con la situación socioecnómica de los docentes en los gobiernos de la IV República, porque cuando se decidía aprobar aumentos al sector estos oscilaban entre 5% y 6%, sostuvo el entonces ministro para la Educación, Rodulfo Pérez, en marzo de 2016, tras suscribirse la Convención Colectiva Única 2015-2016 del sector Educativo.
De hecho, en 1988 durante el mandato de Jaime Lusinchi (AD) los maestros realizaron varios paros exigiendo mejores salariales, uno de ellos fue el 21 de enero cuando 200 mil educadores de primaria y bachillerato realizan una huelga en demanda del cumplimiento del contrato colectivo y el aumento del salario por tan solo 5%. En noviembre de ese año, 200 mil educadores volvieron a exigir la cancelación del contrato colectivo.
Con la Convención Colectiva Única 2015-2016, los docentes, obreros y administrativos de la educación inicial, primaria, media y diversificada, por primera vez están unificados a través de condiciones de trabajo similares.
En el momento que se firmó este convenio laboral, Pérez recordó que el país atravesaba una coyuntura económica -que era consecuencia de la baja de los precios del barril de petróleo y de la crisis mundial- situación que no impidió al Ejecutivo cumplir con el derecho a la educación, consagrado en la Constitución.
La educación pública y gratuita es una de las prioridades del Ejecutivo que refleja, en esta convención colectiva, los esfuerzos que lleva adelante el Estado venezolano para proteger el ingreso de los trabajadores.
Para Margarita Pérez, docente jubilada en educación primaria, los aumentos salariales ocurridos en los tres últimos años han beneficiado al gremio, además de sumarle los beneficios contemplando en la contratación única colectiva.
“Durante el puntofijismo teníamos que ir a protestas, huelgas y paro porque el Gobierno Nacional no cumplía con las demandas mínimas del Magisterio venezolano. La Revolución Bolivariana ha hecho todo el esfuerzo posible para atender nuestras necesidades, mejorar la calidad de la educación y garantizar la inclusión gratuita a toda la población”, aseveró en declaraciones a AVN.
En los últimos 18 años, los docentes también han tenido la oportunidad de participar en la elaboración de diferentes programas educativos, tales como la Colección Bicentenario y el Proyecto Canaima Educativo, que ha entregado de manera gratuita más de 6 millones de computadoras a estudiantes y maestros.
T/AVN
