La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este domingo el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con 367 votos a favor, en 137 contra, 3 abstenciones y dos diputados ausentes.
Con estos resultados, la discusión continuará ahora en el Senado, ente que definirá la suspensión de la mandataria de su cargo, lo que según algunas personalidades brasileñas, constituye un golpe de Estado.
La decisión de admisibilidad del proceso en el Senado estaría a cargo de una comisión conformada por 21 miembros, que de aprobar la solicitud, pondrá a juicio de la mayoría simple (la mitad más uno) del plenario, ratificar o no la medida.
En defensa de la presidenta Rousseff, el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, ha denunciado que se trata de un juicio viciado que viola los principios del debido proceso legal.
Explicó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa, cosa que no ha sucedido.
Por ello, el juicio político que acaba de aprobarse no cumple con esas condiciones «es inconstitucional, ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado».
En contexto
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la Jefa de Estado.
A la mandataria la acusan de cometer crímenes de responsabilidad y de violar normas fiscales, pese a que la defensa ha señalado que no hay ningún ilícito ni pruebas en su contra.
De ser aprobado el juicio político en el Senado y concretarse su destitución, asumiría la Presidencia de Brasil el actual vicepresidente Michel Temer, quien rompió alianza con el Partido de los Trabajadores (PT) y contra quien pesa también un pedido de proceso de impeachment.
T/ TeleSUR
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