El Consejo Popular Minero expresa, a través de un comunicado, su respaldo al Arco Minero del Orinoco (AMO) como «una política de derechos humanos que abre el camino de lo posible para transformar la realidad minera, desde una visión que garantice el control soberano y legítimo del Estado en la cadena productiva minera y sus actividades conexas, el respeto al ambiente, así como el bienestar de la generación presente y de los que vendrán».
El Consejo Popular Minero —conformado por más de 150 mil mineros y mineras del estado Bolívar— declara que nadie mejor ellos para conocer la situación de esclavitud, pobreza, daño al ecosistema, maltrato a pueblos indígenas y criminalidad que se vive en el AMO, producto de la ausencia del Estado, y de una política pública de acompañamiento y regulación.
En el texto, el poder popular minero señala que el Arco Minero del Orinoco debe entenderse como «una forma de afirmar soberanía sobre el territorio y sobre las minas, que son una de las principales fuentes de riqueza pública, como decía el Libertador Simón Bolívar».
«El AMO viene a regularizar una situación de facto, y acompañar la lucha contra mafias y grupos criminales que intentan despojarnos de la riqueza pública minera y del esfuerzo de nuestro trabajo. Es un proyecto para atender al pueblo minero, el principal defensor del territorio al sur del Orinoco», dice el texto.
El Consejo Popular Minero sostiene que el hecho de que el Estado esté presente en el Arco Minero de Guayana, para proteger, acompañar y regular, también redundará en la disminución de las prácticas devastadoras —que son minúsculas ante el daño ambiental que generó la gran minería de las transnacionales autorizada por los gobiernos puntofijistas de la IV República—.
“El Arco Minero del Orinoco hace justicia a las familias mineras de Bolívar que, por décadas, hemos luchado por el reconocimiento y por la construcción de espacios sociales, políticos y jurídicos para organizarnos como fuerza productiva, en amor y respeto por el territorio, con nuevas tecnologías que tengan el menor impacto en el ambiente y en nuestra salud», manifiestan.
Recuerdan «a los detractores del Arco Minero del Orinoco, que hablan en nombre de los derechos humanos, que la mayor violación hacia los derechos humanos está en impedir o prohibir, de la manera que sea, que las personas o los pueblos puedan expresar y luchar por su dignidad”.
«Hay mucha esperanza en las familias mineras. El Arco Minero es soberanía, es organización, es conciencia de pueblo, es apropiación de nuevas técnicas. El AMO nos ha permitido definir las áreas de trabajo, a partir de estudios ambientales y sociales. Más que saber dónde vamos a ejercer la minería, es tener conciencia de dónde no vamos a estar y por qué», destaca la misiva.
De acuerdo con lo dicho por el Consejo Popular Minero, las actividades mineras se reducen a un territorio muy pequeño. «No es cierto que se va a acabar con más de 111 mil kilómetros cuadrados. La planificación de las áreas que hemos hecho, de la mano con el Gobierno nacional, para el aprovechamiento minero es menor al 5 %. Es una apuesta por una minería racional y responsable», afirman.
Lea el comunicado del Consejo Popular Minero
Comunicado del Consejo Popular Minero_19-11-2017
T/RNV Web
