La secretaria general de la organización independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, aseguró ayer que el Gobierno español del presidente Mariano Rajoy amenazó al exgovern de la Generalitat catalana con “violencia extrema, con muertos en la calle” si, tras el referéndum del 1 de octubre, no se ponía fin al proceso independentista, destaca el portal del diario Público.es.
“Directamente nos decían esto: que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma”, afirmó Rovira en una entrevista para una cadena local catalana en la que no reveló quién amenazó directamente a los miembros del Govern (ejecutivo regional), aunque aseguró que está dispuesta a hacerlo “cuando llegue el momento”.
Según Rovira, tanto el presidente de la Generalitat destituido por el gobierno español, Carles Puigdemont, como su vicepresidente, Oriol Junqueras, “con mucha insistencia ponían sobre la mesa que las fuentes de Madrid que llegaban eran contrastadas”, y también fueron informados de movimientos de armas en Sant Climent Sescebes (Girona), cuartel donde el Ejército tiene una base militar en Cataluña.
“El Gobierno español nos hacía llegar por múltiples vías que, si continuábamos por este camino, habría escenarios de violencia extrema”, insistió la número dos de los republicanos a las elecciones del 21 de diciembre.
Asimismo, reveló que el Govern se planteó suspender el referéndum del 1 de octubre por las cargas policiales, y que así se lo comunicó a las juntas electorales: “Nos contestaron que ya podíamos ir haciendo declaraciones políticas que la gente de este país pensaba votar”.
Rovira lamentó por otra parte que el Gobierno español no haya aceptado ninguna de las propuestas para una mediación que, asegura, se ofrecieron desde “el Gobierno suizo y el grupo The Elders”, una entidad formada por líderes mundiales como el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y los exsecretarios generales de la ONU Kofi Annan y Ban Ki-Moon, entre otros dirigentes políticos.
Desmentido oficial
“Es una burda patraña. No tiene nada que ver con la realidad”. Así respondió el portavoz del Gobierno a las declaraciones de Rovira.
“Es una mentira más de la que los catalanes deberían tomar nota”, sentenció Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer.
El también ministro de Educación enumeró las “mentiras” de los dirigentes secesionistas: “Dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos, que tenían apoyo europeo, que no habría que pagar impuestos a la Hacienda el 2 de octubre, sino a la Hacienda catalana”.
En especial, citó las de Puigdemont: “Dijo que aceptaría la responsabilidad de sus actos y ya se ve dónde está –en Bruselas– y que no se presentaría a las elecciones y es candidato”.
Por ello, respecto a la dirigente republicana se limitó a tildar sus palabras de “burda patraña” –término que repitió hasta tres veces–, aunque negó que el Ejecutivo de Rajoy esté pensando en emprender acciones judiciales contra ella. “Son declaraciones políticas y yo he contestado en términos políticos. Es una mentira más y creo que los catalanes deberían tomar nota (en las próximas elecciones del 21 de diciembre) de quién miente por sistema”, insistió.
Fiscalía belga pide detener a Puigdemont
La Fiscalía de Bélgica se mostró ayer a favor de entregar a España al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas (capital) por los delitos que les imputa la juez de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela –incluyendo los de rebelión y sedición– según manifestó uno de los abogados de los cinco, Christophe Marchand. “La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea, salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español”, explicó el letrado, quien forma parte del equipo de abogados de los exmandatarios catalanes, al término de la primera audiencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas. El Ministerio Público belga considera que los delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga. Tras una audiencia que el letrado calificó de “serena”, y en la que se escucharon solo los argumentos de la Fiscalía de Bruselas, tanto Puigdemont como los cuatro exconsejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando sus abogados defensores podrán presentar sus alegatos.
T/CIUDAD CCS
