Luego de que el Supremo Tribunal de Brasil decidiera el jueves rechazar la suspensión del juicio, los parlamentarios tendrán que decidir si aprueban o no la medida de juicio político por supuestas irregularidades fiscales en el presupuesto de la nación, denuncias de los cuales no se han presentado pruebas.
La medida es impulsada por la derecha brasileña y dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aliado al vicepresidente Michel Temer, ambos del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).
Para que Rousseff pueda ser destituida se requiere el apoyo de dos tercios de la cámara -342 diputados de un total de 513- y la ratificación por el Senado.
En ese caso, la dignataria deberá ser reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, de quien también han solicitado una investigación.
Temer asumiría el cargo hasta finales de 2018, si la mandataria es declarada formalmente culpable.
En Contexto
El pueblo brasileño se ha activado en diversas movilizaciones en «defensa de la democracia», no solo en apoyo a la actual mandataria, sino al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también se enfrenta a la posibilidad de que se le realice un juicio político por supuestos casos de corrupción.
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por el caso de corrupción en la estatal Petrobras.
Se necesitan solo 172 votos en la Cámara de Diputados para rechazar un juicio político, mientras que para aprobarlo serían necesarios 352.
La diferencia entre la cantidad de votos para cada decisión se debe a la importancia que tendría la aprobación de un juicio político contra un mandatario que devendría en la suspensión de su cargo.
T/Telesur
