Durante un derecho de palabra en la 36º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta de la organización no gubernamental Fundalatin, María Eugenia Russián, rechazó el informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre los hechos de violencia desarrollados en Venezuela durante los meses de abril hasta julio de este año.«Denunciamos la falta de rigurosidad del Informe presentado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que invisibiliza a las víctimas y promueve la impunidad en cada uno de los casos de las personas afectadas por la violencia de grupos que se oponen al gobierno de Venezuela. El derecho a la manifestación no puede convertirse en una excusa para atentar contra el derecho a la vida», dijo la presidenta de Fundalatin.
En este sentido, reiteró que sectores de la oposición venezolana, incluso actuales diputados del parlamento venezolano, siguen promoviendo la violencia entre sus partidarios, con el fin de generar caos, escudándose en el derecho a la manifestación pacífica para cometer verdaderos delitos.
Solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazar y condenar la violencia promovida por estos grupos extremistas, instándolos a utilizar mecanismos democráticos para dirimir sus diferencias políticas, dentro del marco de la constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el país suramericano.
La Presidenta de esta organización de derechos humanos también alertó a los estados miembros de la ONU, que los responsables de las manifestaciones violentas, «a través de una intensa campaña comunicacional, pretenden mostrarse como presos políticos»,destacó.
La activista de derechos humanos explicó: «se produjeron más de 100 víctimas mortales y casi 2000 personas lesionadas. Más de 60% de las víctimas no participaban en las protestas violentas. La mayoría de estos actos fueron cometidos por sectores extremistas de la oposición venezolana quienes, buscando una ruptura del orden constitucional, ejecutaron linchamientos y quema de personas, incendiaron escuelas y hospitales, utilizaron a niños y niñas para preparar explosivos, colocaron barricadas en vías públicas, disparando contra las personas que intentaban pasar estos bloqueos, usaron armas de fuego y explosivos contra civiles y otros actos que violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos», aseveró.
Por tal motivo, Fundalatin instó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a condenar públicamente las acciones de violencia, sin eximir de responsabilidad a los grupos extremistas de la oposición venezolana, para que se impongan las sanciones correspondientes a los funcionarios de los cuerpos de seguridad que cometieron excesos durante el control de orden público, pero también contra los grupos antigubernamentales que atentaron contra el derecho a la vida de las venezolanas y venezolanas”, reafirmó.
Horas antes, Fundalatin sostuvo un encuentro con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el cual entregó un informe denominado “Derecho a la protesta y violencia en Venezuela”, que muestra los contextos en los cuales fallecieron cada una de las víctimas.
Durante la reunión, la organización de derechos humanos mostró su preocupación por la violencia perpetrada por grupos que se oponen al gobierno nacional, especialmente por el incendio de escuelas y hospitales, así como la utilización de niños, niñas y adolescentes para fabricar bombas incendiarias y atacar a funcionarios de los cuerpos de seguridad.
“Esta práctica fue categóricamente rechazada mediante cinco comunicados emitidos por la oficina de Unicef en Venezuela y por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tanto lamentamos que dicho tema no haya sido abordado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en su informe“, refirió Russián.
Asimismo, lamentó que esta organización de derechos humanos no haya sido consultada para la elaboración del informe presentado por el Alto Comisionado, sobre todo por ser una organización de derechos humanos reconocida con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social (Ecosoc), de la Organización de las Naciones Unidas desde 2015.
T/ RNV Web
