El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Larry Devoe, defendió la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos: “El TSJ no hizo otra cosa sino ratificar el rol de la Defensoría previsto en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo del año 2004, y en el Código Orgánico Procesal Penal”.
Recordó que, antes de 1999, no existía la figura de la Defensoría del Pueblo, y el propio Ministerio Público asumía las funciones de defensa de los derechos humanos de la población venezolana. Pero, “en el año 1999, el Constituyente tomó la decisión de crear una figura especializada con competencia para investigar todas las denuncias sobre los casos de vulneración a los derechos humanos que ocurran en el país; y de actuar ante cualquier jurisdicción, bien sea administrativa o judicial, para que las personas responsables de esas violaciones sean debidamente sancionadas”.
Indicó que, aunque el texto constitucional y las leyes mencionadas contemplan, de manera expresa, las facultades de la Defensoría, “se había impuesto una interpretación la cual pretendía limitar la actuación de esta institución, al excluirla de los actos de investigación y realización de experticias para resolver los casos de vulneraciones de derechos humanos”, arguyó.
En su opinión, “es absolutamente falso que se haya despojado de su competencia al Ministerio Público, como la instancia que sigue llevando a cabo el proceso penal para sancionar a aquellas personas transgresoras de la ley. La interpretación del TSJ sobre las competencias de la Defensoría está apegada a las leyes por cuanto ratifica el rol de la Defensoría en los procesos penales, y demuestra que si algo motiva a nuestro país es el de cero tolerancia con la vulneración de los derechos humanos”.
Ejemplificó que la Defensoría del Pueblo tiene derecho a promover pruebas, solicitar experticias, presenciar autopsias, o estar en las investigaciones encabezadas por la Fiscalía. “Es decir: la Defensoría tiene derecho a participar activamente en el proceso penal para que imponga la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos”.
Rechazo a comunicado de la CIDH
Sobre el pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 27 de junio, Devoe respaldó el rechazo de la Cancillería de Venezuela ante el comunicado.
“El documento de la CIDH muestra la parcialidad absoluta y la falta de rigurosidad de la CIDH en el tratamiento de los asuntos en materia de derechos humanos. Una vez más, la CIDH emite un juicio desacertado y desinformado que ignora, de manera deliberada, los actos de violencia cometidos por sectores extremistas de oposición”, condenó.
Para el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DD. HH., “es lamentable que ninguno de los casos de las personas asesinadas producto de los delitos de odio haya aparecido reflejado en ese comunicado de la CIDH”.
T/ Prensa Consejo de DD. HH. / Nerliny Carucí
