La República Bolivariana de Venezuela repudia la campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela, sus instituciones y su pueblo.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno Bolivariano rechazó las declaraciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, acerca del proceso Constituyente convocado por el jefe de Estado venezolano.
«Este ardid, de mala fe y doble moral, evidencia la violación de principios fundamentales del Derecho Internacional como la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados, los cuales son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones bilaterales de amistad y cooperación», expresa el documento.
A continuación el texto del comunicado:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela repudia la campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela, sus Instituciones y su Pueblo. El presidente Juan Manuel Santos traiciona la historia común de independencia y libertad, al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz.
Este ardid, de mala fe y doble moral, evidencia la violación de principios fundamentales del Derecho Internacional como la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados, los cuales son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones bilaterales de amistad y cooperación.
Resulta absolutamente cuestionable que ante los gravísimos problemas que aquejan al hermano Pueblo colombiano, las grotescas cifras de violencia, de desapariciones forzadas, de pobreza, exclusión, de incremento del narcotráfico y represión, entre otras, perfectamente documentadas por organismos internacionales, se pretenda -en el mejor de los casos- ocultar las responsabilidades del gobierno de Colombia atacando a Venezuela, o sus ataques se utilicen como tarjeta de canje para obtener prebendas de la nueva administración estadounidense.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia es uno de los países más desiguales, ocupando el puesto 12 de 168 países en desigualdad en el ingreso, y acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), la población que vive por debajo de la línea de pobreza alcanza el 28%, lo cual representa un aumento del 0,72% con respecto a 2015.
Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2015, incluyó a Colombia en la lista de países con Hambruna causada por Conflictos, estimando que un 12% de la población colombiana necesitaba con urgencia asistencia humanitaria. Mientras tanto, estimaciones más recientes confirman que aún un 9% de la población está desnutrida, lo que evidencia la incapacidad del Estado colombiano para atender a su población.
Organizaciones especializadas en materia carcelaria indican que el número de presos políticos en Colombia está por el orden de las 9.500 personas. Esto demuestra que el Estado colombiano encarcela a sindicalistas, documentalistas, estudiantes, artistas, campesinos, maestros, luchadores sociales, bajo montajes judiciales, con la finalidad de criminalizar la lucha social y política.
El Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza 60.630 personas desparecidas en los últimos 45 años, esto equivale a 112 personas desaparecidas por mes y casi 4 personas por día. Adicionalmente, el pasado 30 de abril de 2017, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que en los primeros cuatro meses del año han sido asesinados 41 defensores de DDHH en Colombia, es decir casi 3 defensores de derechos humanos son asesinados diariamente en Colombia.
Resulta necesario recordar también que según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2015, publicado en junio de 2016, Colombia es el país con mayor número de desplazados internos con 6,9 millones de desplazados producto del conflicto interno que ha perturbado la paz en este hermano país durante más de siete décadas.
Pero, aun más grave, resulta el incremento en un 37% de la producción de cocaína en Colombia según cifras publicadas en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (ONU), que transversaliza, además, el aumento en la incidencia de delitos transfronterizos y de la criminalidad paramilitar.
Ante esta contundente evidencia llama profundamente la atención que el presidente Santos se pronuncie sobre el modelo de desarrollo venezolano, que entre otras, le ha merecido ocupar el lugar 71 de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 2016 del PNUD, que supera ampliamente a Colombia ubicada en el puesto 95.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el doble rasero y el sesgo del gobierno colombiano para atacar a Venezuela, al tiempo que hace un nuevo llamado para que en aras de la paz, de las buenas relaciones que entre vecinos deban desarrollarse, en función de la hermandad histórica entre nuestros pueblos, desistan de interferir en los asuntos internos de Venezuela, respeten los principios del Derecho Internacional y atiendan las graves dificultades que atraviesa su población antes de pretender dar lecciones de democracia y derechos humanos a Venezuela.
Caracas, 8 de mayo de 2017
T/RNV Web/CP
