El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, manifestó este viernes que las leyes de amnistía han sido calificadas en todo el mundo como normas de autoperdón.
La reflexión surgió a partir de la ley de Amnistía que aprobó la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional (AN) de ese país suramericano.
Una ley nace para mejorar a otras que la precedieron, sin embargo, ocurre lo contrario en este proyecto de ley porque va en detrimento de la reivindicación y justicia por las 43 muertes y más de 800 heridos en las protestas violentas de 2014, expresó el defensor del pueblo venezolano.
“En el primer proyecto de ley (amnistía) que tenía 43 artículos se comprueba el encubrimiento de delitos para que en caso del proceso en el que siguen las causas, aparezca una imputación por homicidios”, estas personas quedarían exoneradas del proceso penal, explicó el funcionario.
Contradictoriamente en el primer proyecto de ley no dedicaron un artículo a la reconciliación nacional y luego de las reacciones en contra, tuvieron que incluirla en el nuevo proyecto, recordó Tarek William Saab.
Vicios de fondo
Analizó que las leyes de amnistías aprobadas en otros países estudian hechos y sucesos, pero se cuidan de pronunciar nombres y apellidos. Consideró que debe funcionar a través de la figura del sujeto de proceso penal con nombre y apellido.
Ante eso, nombró al exalcalde del estado Táchira (suroeste), Daniel Ceballos, detenido en marzo de 2014 por los cargos de rebelión civil, agavillamiento y asociación para delinquir, al que se le aplicó el beneficio de casa por cárcel.
También el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, imputado por los cargos de conspiración y asociación para delinquir, fue beneficiado en septiembre de 2015 con el arresto domiciliario.
El pasado 29 de marzo la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión la ley de Amnistía para dejar impunes los hechos de violación a los derechos humanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que no aprobará la ley y que será enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que determinará la constitucionalidad.
T/Telesur
