Al final de la década de los noventa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaba detrás de la fortuna proveniente de dos de los carteles más renombrados de Latinoamérica para ese entonces, el cartel de Calì y el cartel de Juárez, es asì como comienza la llamada Operación “Casablanca”.
La operación consistía en investigar las entidades bancarias de países latinoamericanos, para saber si estaban involucrados en el lavado de dinero producto del narcotrafico.
En el caso fue involucrada una ciudadana venezolana, Esperanza Matos de Saab, quien se desempeñaba como directora del Banco Industrial de Venezuela en Miami. Luego de años de persecusión, de que hubiera sido involucrada públicamente, conocido y promovido el caso por los medios de comunicación, esta ciudadana demostró ante los tribunales norteamericanos, que la acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eran falsas, que no tenían ningún fundamento y fue declarada inocente.
Detalles de la operación “Casa Blanca”
Salió a la luz pública el 18 de mayo de 1998 y se convirtió en un escándalo mediático que involucró 12 instituciones bancarias, entre ellas las mexicanas, Bancomer y Serfin, las venezolanas Banco Industrial de Venezuela, Banco Latino y Banco Consolidado, además de 32 entidades bancarias colombianas.
El año anterior, en 1997 comenzaó la investigación encubierta. Donde también se vieron involucrados el ex secretario de Hacienda de Argentina de la dictadura de Jorge Rafael Videla, el ex asesor de economía de la primera etapa de Carlos Menem y Aldo Ducler ex miembro de los equipos técnicos del artista y político argentino Palito Ortega, junto con el banco Mercado Abierto, todo esto según el informe del Senado de EE.UU.
Comenzaron a investigar banqueros que supuestamente incurrían en el delito de lavado de dinero. El costo de la operación fue de 300 millones de dolares, y participaron más de 200 agentes de Estados Unidos, quienes detuvieron a más de 160 personas provenientes de Colombia, México, Venezuela, Argentina y el mismo país norteamericano.
La operación fue considerada para el momento como la mayor acción intercontinental en contra de la legitimación de capitales, ocultando lo que en realidad era la mayor búsqueda de la cuantiosa fortuna realizada por los narcotraficantes de Cartel de Cali y el Cartel de Juarez.
Los Carteles
El cartel de Cali, de origen colombiano, se instauró en los años 1980 y fue liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodriguez Orejuela, José Santacruz y Helmer Herrera Buitriago. Era rival del cartel de Medellin, que también dedicaba al trafico de cocaína, y era liderizado por Pablo Escobar Gaviria, quien es primo de José Obdulio Gaviria, asesor político del ex presidente de Colombia Alvaro Uribe Velez.
El cartel de Juarez, es un famoso clan de narcotraficantes a manos de los hermanos Carrillo, recientemente el cartel se ha transformado en la Alianza del Triángulo de Oro,
La llegada a Venezuela
A mediados del año 1997, los funcionarios norteamericanos entraron de manera arbitraria e ilegal al país con nombres y pasaportes falsos con la ayuda de un funcionario de la embajada de Estado Unidos en Venezuela.
El departamento de Justicia del país norteamericano arrestó a tres funcionarios bancarios de Venezuela junto a otras 45 personas capturadas en suelo patrio.
La principal y más relevante detenida venezolana era Esperanza Matos, hermana del ex ministro de Hacienda del último periodo del expresidente Rafael Caldera, Raúl Matos Azócar, uno de los artífices del ajuste macroeconómico aplicado en abril de 1996 para corregir las graves deficiencias económicas de la nación, agudizadas por la crisis bancaria de 1994.
Esta crisis evaporó al menos 7.000 millones de dólares en fondos de “auxilio a los bancos problematizado” y el 60% de los activos del sector.
Sin contar que dejo millones de personas sin trabajo, sin sus ahorros y agudizo la crisis económica y social que sufrió Venezuela para la época. Millones de ahorritas se suicidaron luego de que el 70 % de la banca nacional se declarara en quiebra.
La investiación de la operación Casa Blanca involucró en el narcolavado a cuatro instituciones venezolanas: el estatal Banco Industrial de Venezuela, cuya oficina en Miami dirigía Esperanza Matos, el Banco Consolidado, el Internacional Finance Bank y el Banco del Caribe en Curazao (con participación accionaria del canadiense Skotias Bank).
Venezolanos involucrados
Ya en 1998 son detenidos por la justicia estadounidense Esperanza Matos de Saad, Carmen Salima y Carlos Izurieta, Roberto Vivas y Marco Tulio Henríquez; quienes fueron acusados del presunto lavado de 9,5 millones de dólares obtenidos a través del tráfico de drogas.
En una rueda de prensa el – para entonces – ministro de la Comisión Nacional Antidrogas, Carlos Tablante, anunció la coordinación entre la Guardia Nacional y la Policía Técnica Judicial (PTJ), así como la Superintendencia de Bancos (Sudeban) “para aclarar el caso y comprometió al gobierno (de ese entonces) a investigar a fondo las acusaciones y a los culpables se les aplicará la ley sin importar el cargo que ocupen o los organismos públicos con los que estén relacionados”, cosa que jamás se hizo.
El Juicio
Esperanza Matos, tuvo un juicio en la ciudad de Miami, donde demostró su inocencia de las acusaciones que se le imputaban, quedando absuelta de todos los cargos. Nueve años más tarde la venezolana fue absuelta y quedó demostrado que los agentes “encubiertos” actuaron en forma indebida para crear un caso.
Matos reclamó la falta de solidaridad institucional del BIV, quien seguía a cargo de Luís Quiaro y lo demandó por derechos laborales.
Luís Quiaro fue presidente del Banco Industrial de Venezuela hasta el año 2007, fue acusado por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, declarado como culpable y siendo luego aprehendido en mayo del 2009 por el Ministro del poder popular para Relaciones Interiores y Justicia de ese entonces, Tareck El Aissami.
El resultado
Esperanza Matos de Saad fue declarada inocente dos años más tarde de dos cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, bajo el argumento de que ”entrampada” por los agentes federales.
En mayo del 2007 un juez de Miami sentencia al Banco Industrial de Venezuela (BIV), a pagar más de $3.5 millones en honorarios e intereses a abogados y acreedores de Esperanza Matos de Saad, por negarse a representarla en el juicio. Al salir del juicio Matos Saad declara a los medio “Una vez más se me hace justicia (…) Queda una vez más evidenciado que jamás tuve que ver con los hechos en los cuales se me involucró”.
El 4 de noviembre el portal web de noticias colombianas RCN asegura que no aparecen 1.000 millones de pesos de la operación Casablanca, la cadena afirma que el Departamento de Estado de Estados Unidos “asegura que no fue posible verificar que los bienes congelados o incautados por las autoridades colombianas en 1998 fueran producto del narcotráfico y por ello pidió devolver los capitales, los desembolsos fueron ordenados en marzo del 2011, lo que le contestaron que el dinero esta extraviado”.
Es así como una vez más queda demostrado no es la primera vez que el gobierno de estados unidos hace acusaciones sin ningún tipo de pruebas a funcionarios de otros países y sobre todo de Venezuela para intereses propios de ese imperio.
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