Doce meses han transcurrido del ilegal y arbitrario secuestro de la aeronave Boeing 747-300M, matrícula YV3531 de la empresa venezolana Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), filial de la compañía pública Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), por parte del imperio norteamericano.
Desde esta deplorable acción, Emtrasur no ha cesado en denunciar ante el mundo que su avión ha sido secuestrado sin ningún tipo de sustento legal durante más de un año en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina.
La aeronave, que transportaba autopartes para la empresa Volkswagen Argentina, fue retenida tras negarse la empresa transnacional Shell a surtirle combustible debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela, hecho que además representó un riesgo operacional de considerables magnitudes para la tripulación, debido a que se vio obligada a maniobrar con las reservas de combustible al límite.
Desde entonces, la aeronave y su tripulación han sido objetivo de una serie de inspecciones y retenciones ilegales de pasaportes, huellas dactilares y teléfonos celulares, sin encontrar elementos que justifiquen las acusaciones de supuestas actividades relacionadas ilícitas. A pesar de ello, el Tribunal del Distrito de Columbia (EEUU), de forma arbitraria y sin sustento jurídico, emitió una orden de incautación del avión, justificando que está sujeto a decomiso por supuestas violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos, argumento que carece de soportes legales y se mantiene solo como una medida política más en contra del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano.
La defensa de Emtrasur ha interpuesto varias apelaciones ampliamente sustentadas, exigiendo la liberación de la tripulación y la devolución del avión, argumentando que la aeronave fue comprada a la compañía iraní Mahan Air y que el vuelo a Argentina formaba parte de los planes de instrucción a la tripulación venezolana, un procedimiento regular en este tipo de adquisiciones.
El caso ha generado una gran controversia y ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional, debido a la falta de sustento legal de las acciones tomadas por las autoridades estadounidenses y argentinas, y por el peligro que supuso para el sector aeronáutico que a dicha aeronave le fuera negado el abastecimiento de combustible, obligando a la tripulación a operar en graves condiciones de riesgo.
El 13 de septiembre del año pasado, se oficializó la autorización de salida del país de los 12 tripulantes de la aeronave por la Cámara Federal de La Plata, lo que confirma que ni la tripulación como la empresa, estuvieron relacionadas en ningún momento con actos delictivos de ninguna naturaleza, que justificara una retención tan arbitraria y prolongada en el tiempo.
El magistrado consideró que no existe evidencia suficiente para procesar a los tripulantes del avión.
En mayo de este año, la Cámara de Apelaciones argentina estableció que no fueron detectados elementos irregulares durante la operación de la aeronave; además, dictaminó el sobreseimiento de los primeros 14 tripulantes, así como la falta de mérito para retener a los 5 restantes, y la liberación de la aeronave por parte del Juez, medidas que deben ejecutarse conforme al marco jurídico, logrando así un fallo definitivo en relación a este caso.
Es así como el Gobierno Bolivariano, liderado por el Presidente Nicolás Maduro Moros, alza su digno reclamo para que sea devuelta al pueblo venezolano la aeronave de Emtrasur, debido a que no se justifica el secuestro de este avión, así como solicita el respeto de la normativa jurídica internacional.
T/Conviasa
