Masacre de Yumare: 30 años de un crimen de sello puntofijista

Hace 2 años.

Foto: Referencial
Foto: Referencial

El sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge (Yumare), en el estado Yaracuy, fue el escenario donde hace 30 años fueron ajusticiados nueve venezolanos.

Luis Rafael Guzmán Green (40), José Rosendo Silva Medina (33), Ronald José Morao Salgado (31), Dilia Antonia Rojas (42), Simón José Romero Madrid (28), Pedro Pablo Jiménez García (40), Rafael Ramón Quevedo Infante (31), Nelson Martín Castellano Díaz (31) y Alfredo Caicedo Castillo (31) fueron las víctimas de aquel sangriento hecho ocurrido el 8 de mayo de 1986.

Se sumaba así un crimen más al prontuario del régimen puntofijista (sistema político gobernado por AD y Copei entre 1958-1998), que adelantaba entonces operaciones de exterminio contra dirigentes revolucionarios.

Al frente de esta acción estuvieron grupos de militares y efectivos de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), a cargo del excomisario Henry López Sisco. Para la época el Ministerio de Relaciones Interiores lo dirigía Octavio Lepage, hombre de confianza del presidente adeco Jaime Lusinchi.

Para justificarse, los funcionarios dijeron que habían estado en un enfrentamiento armado y que fueron emboscados en un lugar boscoso por los asesinados. No obstante, las evidencias fotográficas revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de vegetación baja y todo el terreno estaba despejado. Los testimonios de los responsables eran falsos.

Testigos declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip fueron detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros, y así lo demostraron los estudios criminalísticos y las evidencias. No fue más que una matanza orquestada por el gobierno de Luisinchi para acabar con sus disidentes.

Justicia

Por muchos años la Masacre de Yumare fue silenciada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca se pronunció aun cuando es la vida un derecho inviolable y sagrado.

Sin embargo, el caso fue reabierto por la Revolución Bolivariana.

Así, en el 2011 fiscales del estado Yaracuy condenaron a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare.

El primer avance del caso se logró cuando, en el año 2006, el Tribunal 6° de Control de Yaracuy admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas. No obstante, la acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009.

En esa oportunidad también fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Disip, Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.

En junio de 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica, donde aún vive.

A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.

En septiembre de 2015, Ramón Celestino Rojas, también jubilado de la extinta Disip, fue acusado por homicidio calificado con alevosía y por motivos innobles, cometidos en complicidad en grado de cooperador inmediato. En agosto de ese mismo año fue enjuiciado Raúl Johán Fernández, también ex funcionario de esa policía política.

T/AVN