Gobierno colombiano y FARC-EP no firmaron acuerdo de paz por diferencias

Hace 2 años.

Foto: Referencial
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El jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, anunció este miércoles que no se firmó un acuerdo final de paz por diferencias en temas sensibles que existen con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Sostuvo que actualmente entre los negociadores del Gobierno colombiano y el grupo insurgente hay diferencias de fondo que deben ser superadas para lograr la paz de Colombia.

La idea del Gobierno de Juan Manuel Santos es firmar un acuerdo de beneficio para todos. “Las FARC-EP deben garantizar la dejación de armas y negociar de manera justa la paz para Colombia”, expresó.

Para De la Calle lo que se pacte sobre la participación política debe estar sujeto a la dejación de armas. A su juicio, en Colombia no debe existir más nunca “políticas con armas” de cara a la firma de un acuerdo que implique el cese al fuego verificado por el mecanismo encabezado por la ONU.

Debe existir garantías por parte de las FARC-EP en materia de actividades ilegales, debido a que debe brindarse protección a los civiles que busquen incorporarse limpiamente a la vida cotidiana, agregó.

Un buen acuerdo de paz debe promover seguridad para los colombianos, respeto a la dignidad, igualdad y no a la discriminación. “Debemos tener un acuerdo de verdad y justicia para garantizar un esquema de no repetición”, aseveró tras afirmar que es el momento de hacer de Colombia lo que es, “un gran país”.

Hoja de ruta se definirá en próximo ciclo de conversaciones
El portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), Iván Márquez, sostuvo que la hoja de ruta para el acuerdo final de paz debe presentarse en el próximo ciclo de conversaciones en La Habana (capital cubana).

Reiteró que pese a las diferencias que existen con los mediadores del Gobierno, ambas partes están comprometidas a poner fin a más de medio siglo de guerra.

“Las FARC-EP están comprometidas a hacer el mejor acuerdo de paz que haya visto el mundo”, expresó Márquez, al tiempo que afirmó que 2016 será el año de la paz para Colombia. Invitó a los colombianos a mirar con buenos ojos el esfuerzo que se realiza en La Habana por el bienestar del país.

En contexto

Este 23 de marzo de 2016 se habría firmado la paz para el pueblo colombiano, luego del anuncio hecho hace seis meses por el presidente Santos de firmar un acuerdo con las FARC-EP en La Habana.

El 23 de septiembre de 2015, la mesa de negociaciones de La Habana firmó un acuerdo sobre justicia, uno de los temas más complejos del proceso de paz, que en ese entonces estaba próximo a cumplir tres años.

A principios de 2016 el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, Iván Márquez y todos los voceros de del grupo insurgente vaticinaron que el 23 de marzo no se firmaría el acuerdo final y advirtieron a sus filas que si la paz no se firmaba en la fecha anunciada, los colombianos darían por entendido que las FARC-EP no estaban preparadas para poner fin a la guerra.

No obstante, dos semanas atrás Santos dejó entrever que no llegaría la firma. “Por cumplir una fecha no firmaré un mal acuerdo”, expresó y propuso a las FARC-EP pactar una nueva fecha para poner fin al conflicto armado de más de 50 años.

El 7 de marzo de 2016 hubo tropiezos en las negociaciones debido a objeciones presentadas en la subcomisión técnica del fin del conflicto como: zonas de concentración, protocolos y proclamación del cese bilateral definitivo. Una de las divergencias es sobre si las zonas de concentración deben ser exclusivamente rurales o pueden tener componentes urbanos.

Los analistas consideran que las diferencias en la mesa tienen que ver con las condiciones bajo las cuales se concentrarán los miembros de las FARC-EP en varias zonas, cómo se levantarán las órdenes de captura y la fórmula para blindar los acuerdos.

Los negociadores de paz de las FARC-EP aseguran que el alcance del acuerdo final se ha frenado por “decisiones unilaterales del Gobierno” en temas que deben ser objetos de discusión en La Habana, como por ejemplo, las zonas de concentración del grupo insurgente que fueron aprobadas solo por el Congreso, sin tomar la opinión de la organización.

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