Conozca por qué la ley de privatización promovida por la AN vulnera derechos constitucionales

Hace 2 años.

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Foto: archivo

El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, expresó este lunes que la Ley de Propiedad de Viviendas, aprobada por la Asamblea  Nacional (AN) con mayoría opositora y declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es una legislación con la que se pretendía negar el acceso a un hogar digno al pueblo venezolano.

“Es una ley donde prácticamente se le niega el acceso a la vivienda al pueblo venezolano, este proyecto fue realizado de una manera irregular donde se niega el derecho a la propiedad, el cual es un derecho constitucional”, dijo en rueda de prensa desde Cuidad Caribia en el estado Vargas.

Por su parte, el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Molina, señaló que con la ley de otorgamiento de títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se pretendía retroceder al pasado y expresó que la misma se formuló sin un correcto análisis financiero.

“Esta modificación que ellos (la oposición) aprobaron tenía un impacto bárbaro, pues de 370 mil millones de bolívares que se estiman necesarios para adquirir los terrenos que faltan para llegar a los 3 millones de viviendas, según su mercado especulativo, se necesitan 34 billones de bolívares, es decir, querían hacer inviable la Misión Vivienda”.

Enfatizó que la bancada opositora no consultó a los habitantes de los diferentes urbanismos de la GMVV para la confección de la ley, pero si consultaron a la cámara inmobiliaria y al sector bancario.

“No hicieron ningún esfuerzo para ponerse en contacto con la comunidad (…) no se tomó en cuenta los convenios internacionales (…) es más importante para ellos (la oposición) seguir enriqueciéndose robando al pueblo y al Estado venezolano”.

Molina también apuntó que la ley no cumple con el principio de progresividad, pues pretende derogar leyes existentes que protegen la propiedad familiar y señaló que con esta legislación “se buscaba usurpar funciones, ya que la misma estipulaba que una comisión de diputados (opositores) le ordenara al Ejecutivo a quien debía venderle los terrenos y las viviendas”.

Escuche a Manuel Quevedo y a Ricardo Molina: